IMPORTANTE: Esta tirada está siendo escrita un 31 de jul. de 26 al mediodía. Desde ayer, están entrando a territorio español por Ceuta alrededor de 200 marroquíes por hora, siendo ya alrededor de 60.000 en menos de un día. Pese ser este un periódico con una tirada mensual, haré una excepción debido a los terribles acontecimientos donde se abordará este tema. Será publicado en unos días.
LOS INCENDIOS FORESTALES Y SU TERRIBLE GESTIÓN
Ávila y el norte de Madrid llevan ardiendo sin control una semana y media, sí. Un incendio forestal de nivel dos deja el sur de Ávila, una zona verde y llena de fauna en un paisaje desolador color gris. Los municipios allí instalados desde siglos, o bien su población está siendo evacuada o confinada en sus interiores para evitar riesgos y víctimas mortales. Aunque no se estiman hasta hoy la pérdida de vidas humanas, si de materiales: ya no solo casas, sino unos campos castellanos cuyos característicos mares amarillos compuestos de trigo, han sido sustituidos por el infierno en la tierra. Sus azules cielos ahora son nubes grisáceas que dificultan la respiración; esos pájaros que te despertaban con su piar, ya no están siendo sustituidos por los sonidos de las hélices de los helicópteros que sobrevuelan la zona en un intento prácticamente inútil de remitir los fuegos.
Me ha resultado cuanto menos llamativo la inmensa cantidad de videos que se han podido ver en redes sociales de bomberos, voluntarios e incluso vecinos demandando equipos de extinción. La respuesta a sus peticiones era que “no había más medios que los ya destinados”. Italia, país hermano, junto a Portugal y Grecia, han considerado oportuno facilitarnos hidroaviones y demás equipos para la extinción de los tres focos (aunque finalmente estos se han juntado formando uno único) ya que veían que, si fuese por la gestión española, ardía todo el país.
Agricultores, ganaderos, gente de campo, bomberos forestales… todos están de acuerdo en una afirmación: los incendios forestales se les empieza a combatir en invierno, y es justo ahí hacia donde quiero enfocar este artículo. ¿Qué se ha hecho para evitar este desastre? ¿Acaso se ha hecho algo? Bien, entremos en materia.
La Junta de CyL ha destinado alrededor de 46 millones en tratamientos selvícolas preventivos y otras actuaciones de mejora, y aunque por mucho que haya investigado sobre ello, no hay documentos específicos que reflejen de qué se tratan esas “actuaciones de mejora”; a su vez, se destinan 8 millones en infraestructuras preventivas como desbroces, caminos forestales etc. En total, podemos calcular que la Junta ha destinado para prevención de incendios 54 millones de euros, siendo estos los presupuestados. Si bien es cierto que, finalmente se ha podido destinar más, en los presupuestos de la comunidad, inicialmente, esto era lo estipulado.
Los presupuestos de la CC.AA. están hechos con dinero transferido del gobierno central, y una vez ese dinero transferido, es el gobierno de la CC.AA. cómo, cuándo y dónde destinarlo, aunque, si bien es cierto, las Comunidades Autónomas deben realizar sus presupuestos respetando la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, no pudiendo destinar más de lo que les entregan para no generar deuda. Una vez aclarando esto y volviendo al verdadero contenido del artículo, las competencias en materia de incendios forestales están enteramente transferidas a la Comunidad debido al artículo 148 de la C.E que dice: se les permite las comunidades autónomas, asumir la competencia de montes y aprovechamientos forestales. Una vez se creó la Junta de CyL, pasó a ser enteramente gestión del gobierno autonómico donde esta estipulaba los vehículos que compraba, el personal que mantenía para labores de extinción, medidas de prevención… mientras que ahora el gobierno pasaba a un plano que podríamos catalogar como de espectador, únicamente conservando medidas de apoyo en caso de que el gobierno autonómico así lo solicite, y si el incendio afecta a dos o más CC..AA., es el gobierno quien hace de coordinador, como si fuesen países distintos y no miembros de uno.
Si pudiésemos resumir los últimos párrafos de una forma sencilla para que no escape a la comprensión de nadie sería: el gobierno central cede presupuesto a los gobiernos autonómicos y son estos quienes, con el dinero transferido, eligen donde destinarlo. En las competencias transferidas por la C.E, el gobierno central no actúa, porque en términos constitucionales, se entendería como una vulneración de la soberanía de la CC.AA. Repito, como si fuese un país externo y no el mismo.
Quien gestionaba los montes antes de la creación de las Comunidades Autónomas, cada una con su gestión individualista, era el ICONA, un organismo centralizado que aplicaba las medidas que estimaba oportunas en cualquier lugar del territorio de forma rápida y eficaz, ya fuesen la limpieza del monte, habilitar cortafuegos o incluso quemas controladas si fuese necesario, pistas forestales y un fácil acceso para aprovechamiento del monte, que se traduciría como el pasto de ganado o la extracción de leña para eliminación de la vegetación. Eso ha sido sustituido hoy en día, al menos en muchos aspectos, para aplicar medidas como la instalación de sensores, cámaras, satélites… pero repercutiendo en una disminución en la creación de cortafuegos avanzados. Mejor dicho, se ha decidido apostar más por la tecnología que ofrecen los satélites y los drones que los métodos tradicionales. El ICONA apostaba por una participación activa en los montes mientas que la JCyL en concreto opta (y el resto de CC.AA. en mayor o menor medida, igual) por desechar las medidas que en el pasado han blindado nuestros montes.
La verdadera diferencia entre ambos organismos es que antes había menos vegetación, disminuyendo enormemente la probabilidad de incendios. ¿Por qué? ¿cómo es posible que invirtiendo más que en los tiempos del ICONA haya más incendios que antes?
En los años del ICONA, había más población rural y el aprovechamiento del monte no era una excepción, sino la norma. Con el paso de los años año, desapareciendo pastores, agricultores y ganaderos de las zonas de campo, que eran los encargados de eliminar gracias a aprovechamiento del monte el combustible acumulado (rastrojos, arbustos…). Al desaparecer estas personas encargadas de tratar el monte, por muchas medidas de prevención que se adopten, como haya un foco cerca del combustible no removido, tienes como resultado un incendio forestal imparable que se retroalimentará con más y más rastrojos. Eso sí, lo detectaremos rápido gracias a los sensores térmicos, cámaras y drones. Otra cosa distinta será combatirlo, apagarlo.
¿Y por qué no se sigue pastoreando como se hacía tan solo 50 años atrás? Pues hemos realizado una investigación de cuáles son los procedimientos que debe realizar un ganadero para llevar a pastar sus ovejas, así como cuáles eran los procedimientos que habían de llevarse a cabo con el desaparecido ICONA. Actualmente, antes de nada, has de tener una explotación ganadera registrada en el REGA, y cumplir la normativa sanitaria vigente; el segundo procedimiento sería solicitar el aprovechamiento de los pastos ante la junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de tu población o municipio; acto seguido rellenar la autorización administrativa pertinente, donde refleje el número de animales del que dispones el periodo de pastoreo y de nuevo las condiciones sanitarias; por último, como no, esto es muy marca España, pagar por la licitación o concesión del monte o zona de pasto que vaya a trabajar el ganadero.
Todos sabemos cómo funciona la administración pública en España y con todos estos trámites, desconozco el plazo exacto en la resolución del procedimiento administrativo, pero no le estimo menos según la ley de procedimiento administrativo común de seis meses. Si quieres que tus animales pasten y limpien el monte, debes hacer una previsión de seis meses para que te concedan absolutamente todos los papeles necesarios que evitarán que te pongan una sanción, la cual no te arruine.
Ahora me gustaría abordar los permisos que había que solicitar para el pastoreo en la época del ICONA (también he visto muchos comentarios en redes sociales donde afirmaban que en aquella época no hacía falta ningún tipo de permiso cuando incurren en un error y en una falsedad, haciendo flaco favor a la subsanación del problema que aquí se está tratando): necesitabas una licencia específica que variaba desde la actividad que fueses a realizar así como el monte seleccionado, siendo concedido este permiso por la jefatura Provincial. Fin, se acabó el procedimiento administrativo. Y también resaltar que se le daba prioridad al pastoreo de los vecinos del municipio que se solicitase. Esto era sumamente más dinámico que ahora porque había menos normativa ambiental específica y los expedientes que se resolvían los resolvía y tramitaba la jefatura provincial que podía ser el ingeniero de montes o el guardia forestal; sin embargo, ahora se envían a varios departamentos distintos y el procedimiento acaba pasando por distintas manos que poco nada tienen que ver entre sí, retrasando la resolución. Todo esto es así por la obligación que tiene los gobiernos autonómicos y el gobierno central de cumplir la normativa vigente de la Unión Europea medioambiental, así como las propias medidas medioambientales que ha aprobado el gobierno de España en los últimos años que entorpece y dificulta la limpieza de los montes y el trabajo sobre los mismos. Se deben cumplir, además de los procedimientos que he indicado anteriormente, informes favorables sobre el patrimonio cultural y las aguas, cosa que antes no estaba reflejado para la concesión y aprovechamiento de un monte.
Pero… ¿cómo se procede con los árboles en mal estado y arbustos que deben ser retirados por su peligrosidad en época de incendios? ¿Cómo se gestionaba antes en comparación con ahora? Como bien he comentado, aunque el ICONA estuviese centralizado, sus jefaturas provinciales eran quienes gestionaban los municipios competentes por provincia, prestando así una atención rápida, individualizada y eficaz, rindiéndole cuentas únicamente a la Dirección General, quien era la encargada de la gestión de los fondos, pero no los procedimientos administrativos municipales como ocurre ahora a nivel autonómico. En la actualidad, es un agente medioambiental, quien debe detectar el problema o verificar el aviso de un tercero; posteriormente, un ingeniero forestal, elabora un informe estimando o desestimando, remover aquella amenaza señalada; en el caso de que sea positivo el informe, se adjudica el trabajo a una empresa contratada por la junta de Castilla y León en concurso para remover el árbol, el arbusto, o lo que haga falta sin dejar a los habitantes de las localidades cercanas poder actuar sobre ello, cosa que antes se permitía.
Podemos vislumbrar a simple vista un conjunto de trabas y burocracia, sobre todo burocracia que ralentiza el más que necesario tratamiento de los bosques. ¿Qué ha ocurrido? Causa y efecto: la gente ha abandonado el campo, ha optado irse a la ciudad dejando tareas como el pastoreo o la agricultura. Si no hay nadie en los entornos rurales, nadie limpia el monte; las administraciones y medidas antiincendios son ineficaces y deficientes, por lo que cada verano tenemos incendios que arrasan con reservas naturales, enormes bosques y poblaciones enteras, dejando tras ellas el mismo paisaje en todas: tierra calcinada color gris por al menos un siglo. La suma de imposiciones y trabas hacia la gente del campo, esa misma que ha cuidado de las zonas rurales durante siglos y siglos, está haciendo que nuestra Castilla entera quede reducida a cenizas. No podemos pretender que se acaten normativas europeas que poco o nada saben del campo castellano y español mientras no apartamos, sino que echamos directamente a los verdaderos dueños de las tierras por la indecente cantidad de burocracia y tasas que han de ser pagadas para el tratamiento del monte. La gente, como es lógico, desiste. Lo que conseguimos es que queden algunas grandes sociedades limitadas o sociedades anónimas (hablo de empresas), que se encarguen de la agricultura en alguna zona centralizada, limpiando sus alrededores y nada más, dejando que los municipios y poblaciones colindantes se acumule la maleza, rastrojos, y demás combustible que, con un mínimo de ebullición, arrasará hectáreas sin parar.
El punto de inicio del problema comenzó en el momento donde unos señores con traje y corbata empezaron a redactar medidas sobre el campo, cuando estos no habían pisado uno en su puñetera vida. Unos hombres que no saben de lo que hablan y mucho menos de lo que legislan, no pueden dictar normas que han de ser cumplidas en todo el territorio sin conocimiento de causa, porque esas normas como bien estamos viendo llevan al fracaso, llevan a que gente se quede en la calle, llevan a que bosques y fauna enteras desaparezcan, y todo esto pudiéndose haber evitado.
Ante la oleada de incendios, es mucho más fácil hablar del “cambio climático” que abordar las verdaderas medidas empleadas salidas de los despachos aclimatados.
Otro punto fundamental del problema fue el acatamiento de normativa europea: no toda la fauna y campo de Europa es igual y no debe regirse bajo la misma legislación. Nosotros, como españoles, no debemos rendir tributo a las normativas europeas, que lo único que han hecho con España ha sido limitarla, ahogarla y someterla hasta retirarla la más mínima sustancia de soberanía, tanto en su poder político como territorial. ¡Que los burócratas de Bruselas se queden con esos papeles culpables que, por cumplir su contenido, queda nuestro amado país en las más tristes cenizas!
Pese a que el principal problema ha sido la normativa europea que dificulta hasta niveles insospechados la concesión para el tratamiento de los terrenos a mano de los agricultores y ganaderos, no han sido los únicos culpables: nosotros, los propios españoles, tenemos también culpa. La cesión de competencias a las comunidades autónomas en todos los ámbitos, no solo en incendios, han sido un flagrante error que hay que reparar y subsanar cuanto antes. No puede ser que cada comunidad luche sola como si fuese en países distintos cuando somos todos parte de un mismo país. Esto también dificulta en la extinción de incendios, cuando concierne a más de una comunidad, complicando las labores de extinción para cumplimiento de meros, formalismos competenciales, que mientras se discuten y el gobierno central hace como de mediador, es la gente del pueblo, quien se queda sin casa y ve como toda su vida es devorada por las llamas. La cesión de competencias a las comunidades autónomas respetada y respaldada por la Constitución es un cáncer que la juventud española debe eliminar cuanto antes. Debe eliminar directamente constitución española que tanto daño ha hecho al pueblo español, así como disolver todas las comunidades autónomas, quedándose estas como simples sedes administrativas, pero jamás, y repito jamás, coordinar recursos como si fuesen propios en vez del Estado. Y esto también es aplicable en sanidad y educación.
Un pueblo se muere cuando se fragmenta y se convierte en trozos pequeños insignificantes, en vez de un conjunto grandioso y colaborativo entre sí. Para la destrucción de un país no hay nada mejor que construir entre los pueblos que lo conforman barricadas que les separen y, al mismo tiempo, hacerles creer que aquello se hace en el nombre de la modernidad y desarrollo. No, señores, están en un claro y manifiesto error.
Si tienen dudas, miren a sus montes calcinados.